México ante el Acuerdo de Alta Mar: Biodiversidad marina, impacto ambiental y financiamiento global

El océano es vasto, profundo y en su mayoría, no pertenece a ningún país. Sin embargo, su riqueza biológica es patrimonio común de la humanidad. En este contexto, el 19 de junio de 2023, las Naciones Unidas adoptaron un tratado histórico: el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés).

México se sumó a este esfuerzo multilateral mediante un proceso legislativo que culminó con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de julio de 2025. Este instrumento internacional, adoptado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), representa un parteaguas en la protección de la biodiversidad marina más allá de las fronteras nacionales.

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Objeto, alcance y ratificación del Acuerdo

El objetivo central del Acuerdo BBNJ es crear un marco legal vinculante para proteger la biodiversidad en las zonas fuera de las jurisdicciones nacionales, es decir, alta mar, así como los fondos marinos profundos, que representan aproximadamente el 90% del hábitat ocupado del planeta. No se aplica a las zonas marinas que están bajo la jurisdicción de los estados costeros, como el mar territorial o la zona económica exclusiva.

El Acuerdo BBNJ se centra en cuatro pilares: acceso y distribución equitativa de recursos genéticos marinos, creación de áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental y desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología.

En México, el proceso de aprobación comenzó con la recepción del acuerdo por parte de la Comisión Permanente del Congreso el 11 de junio de 2025. El Senado lo aprobó por unanimidad el 25 de junio de 2025, y finalmente, el Ejecutivo lo publicó el 22 de julio de 2025 en el DOF como decreto presidencial.

Este paso coloca a México entre los países que reconocen la necesidad urgente de actuar colectivamente para proteger la biodiversidad en espacios comunes y garantizar su uso sostenible.

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Importancia global y relevancia para México

En el contexto internacional está dándose una creciente conciencia ambiental. En últimas fechas España y Francia ratificaron el tratado, alineándose al objetivo global “30×30”, que busca conservar y gestionar eficazmente al menos el 30% de la superficie terrestre y de aguas continentales del mundo para 2030.

Al adherirse a este acuerdo, México está haciendo patentes sus compromisos internacionales en materia ambiental. Además, se considera que México podría jugar un rol activo en la región promoviendo un enfoque justo, científico y precautorio de gestión de alta mar. La ratificación del tratado le permite acceder a foros multilaterales, fondos internacionales y decisiones sobre la gobernanza oceánica.

Sin embargo, esto también tiene implicaciones técnicas, jurídicas y financieras que requieren atención. La implementación del acuerdo exige ajustes normativos y fortalecimiento institucional.

Evaluación de impacto ambiental: nuevos estándares

Uno de los elementos clave del acuerdo es la obligación de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) para cualquier actividad que pueda generar impactos significativos en el medio marino en alta mar. Esto incluye la pesca industrial, exploración minera, bioprospección genética o investigación científica.

Estas evaluaciones deberán cumplir con procedimientos rigurosos como análisis técnicos, consulta pública internacional, revisión científica y monitoreo. Esto representa un cambio de paradigma en la manera en que se entienden las responsabilidades ambientales más allá del territorio nacional.

En el caso de México, este nuevo marco implicará adaptar leyes nacionales como la LGEEPA y fortalecer las capacidades técnicas de instituciones como SEMARNAT y SEMAR. También se requerirá la formación de expertos en derecho ambiental internacional y ciencia oceánica.

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Impactos y oportunidades ambientales

Aunque el tratado se aplica fuera de la jurisdicción nacional, sus beneficios se reflejan dentro de nuestras fronteras. Por ejemplo, la biodiversidad marina migratoria, como ballenas, tortugas y atunes, puede verse protegida al evitar impactos en alta mar que afecten su ciclo de vida.

Además, establecer áreas protegidas en alta mar ayuda a reducir la presión sobre aguas jurisdiccionales mexicanas, mejorando la salud de los ecosistemas costeros. La aplicación de la EIA también previene daños transfronterizos y fomenta una gestión precautoria.

Para México, esto se traduce en oportunidades: financiamiento internacional, liderazgo regional y colaboración científica. Sin embargo, el riesgo de no implementar correctamente el tratado podría marginar al país de decisiones clave o derivar en responsabilidades internacionales si actores mexicanos causan impactos sin evaluar adecuadamente sus efectos.

El fondo financiero del Acuerdo BBNJ

Para hacer posible todo lo anterior, el tratado crea un Fondo de Implementación, destinado a apoyar a países en desarrollo en la ejecución de sus obligaciones. Este fondo podrá recibir aportaciones voluntarias, recursos de beneficios derivados de recursos genéticos marinos, y eventualmente contribuciones obligatorias.

México puede acceder a este fondo para capacitación, investigación, elaboración de EIA, desarrollo tecnológico y participación en órganos internacionales. Esto permitirá fortalecer sus capacidades sin depender exclusivamente del presupuesto federal.

El fondo también busca asegurar equidad, es decir, que los beneficios de proteger la biodiversidad sean compartidos entre todos los países, no solo aquellos con capacidad tecnológica avanzada.

Implicaciones financieras y de gobernanza

El acceso al fondo dependerá de que México diseñe estrategias claras, identifique proyectos prioritarios y establezca mecanismos de rendición de cuentas. También podría, en el mediano plazo, considerarse como contribuyente, en función de su nivel de desarrollo.

Este esquema impulsa una nueva forma de diplomacia ambiental basada en la corresponsabilidad. México deberá crear puentes entre su política nacional oceánica y la implementación del tratado, integrando a actores científicos, pesqueros, indígenas y sociedad civil.

Así, el Acuerdo BBNJ no es sólo un tratado ambiental, sino que también es una plataforma de colaboración global que redefine cómo se gestiona y se comparte la biodiversidad.

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Conclusión

La firma y ratificación del Acuerdo BBNJ por parte de México representan un paso valiente y necesario hacia una gobernanza oceánica responsable. No solo es una obligación legal, sino una oportunidad estratégica para proteger la biodiversidad, acceder a financiamiento, modernizar capacidades técnicas y posicionarse como un líder ambiental.

El reto ahora es implementar este compromiso de forma efectiva. La biodiversidad marina no espera y el océano tampoco. México ya dio el primer paso, ahora, toca navegarlo con visión, justicia y responsabilidad.

Escrito por Rubén Cors, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas, generación 2025.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente

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Maestría con validez oficial. RVOE: 205200000/556/2011

REFERENCIAS 

Publicación en el Diario Oficial de la Federación del 22 de julio de 2025:

Diario Oficial de la Federación. (2025, 22 de julio). Decreto por el que se aprueba el Acuerdo en el marco de la CONVEMAR relativo a la biodiversidad marina en alta mar. https://sidof.segob.gob.mx/notas/5763479

Bibliografía consultada:

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